“Comprar tiempo”, solamente “comprar tiempo”, para permanecer en el
poder. Tal ha sido el único objetivo de Sánchez desde su llegada a la Moncloa
y, especialmente, después de perder las elecciones de 2023: más que gobernar,
su único objetivo ha sido permanecer el mayor tiempo posible en el poder. Eso tenía dos ventajas: satisfacía a su ego y, por otro lado,
permitía dilatar el tiempo de saqueo del país. A esto se añadió un tercer factor:
comprar tiempo para retrasar al máximo la inevitable rendición de cuentas ante
la justicia y esperar el improbable milagro que les ayude a remontar.
¿A quién “compraba tiempo”? A los “aliados”: Sumar, Podemos, ERC, Bildu, Junts…
Lo intentó también con el PP, pero, finalmente, éste no le siguió en la que va
a constituir la mayor traición jamás realizada a la historia y a la identidad
nacional, desde la regularización masiva de Zapatero en 2005…
Pero si en 2005, todavía el zapaterismo no había revelado por
completo su ADN y el PSOE estaba incomparablemente más fuerte que ahora (el
ciclo felipista se había cerrado apenas siete años antes y las bombas del 11-M
le habían dado una mayoría relativamente cómoda), ahora la situación es
completamente distinta: el PSOE sanchista (o lo que queda de él), inició la
legislatura tras haber quedado segundo en las elecciones de 2023 y obtener la
mayoría apoyado por otros partidos, igualmente derrotados en aquella
convocatoria. Estaba claro, desde el principio que el futuro de Sánchez
dependería de estos otros partidos, mucho más que de él mismo: era el “bloque
de los derrotados”, Junts, ERC, Podemos, Sumar…
Una personalidad política sensata y consciente de su deber de
estadista, hubiera convocado inmediatamente elecciones o bien habría pactado una
“gran coalición” con el otro partido mayoritario, el PP (que, a fin de cuentas,
era el que había quedado en primer lugar). Pero Sánchez quería gobernar solo y
tener las manos libres para hacer de su capa un sayo con el patrimonio del
Estado.
Rodeado de una banda mafiosa y apoyado por una confederación de
federaciones surgidas del creciente proceso de desintegración de la izquierda y
de su fracturación regionalista, Sumar, verdaderos indigentes políticos a los
que, desde el principio, sabía que podía manejar a su antojo, Sánchez abordó la
que puede calificarse como legislatura más triste, miserable e inestable de
la historia moderna de España.
Sánchez confiaba en “ganar el relato” mediático gracias a carne de
periodistas comprados a precio de saldo y a un Tezanos al frente del CIS capaz
de transformar cualquier derrota en “previsible victoria”.
Pero, desde el principio de la legislatura, todo le ha ido mal:
- los “tabloides de ultraderecha” (esto es, la prensa libre) ha sacado a la superficie indecibles casos de corrupción, los influencers y youtubers han ido ganando peso sobre los medios de comunicación convencionales y, prácticamente ninguno, entre los que gozan de mayor audiencia, ha apostado por el sanchismo, ni siquiera por la izquierda; las políticas “guerracivilistas” y de “memoria histórica” se han mostrado más contraproducentes que rentables;
- el “año Franco” ha constituido un fracaso absoluto, España está cada vez más aislada internacionalmente (y no solo por los cambios en los EEUU), incluso dentro de la UE;
- su giro marroquí en política exterior ha hecho desatar todo tipo de sospechas sobre sus motivaciones últimas y alguna vez Marlaska deberá explicar porqué disolvió las unidades más eficientes en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho;
- la política generalizada de indultos a los amigos y aliados ocasionales, en especial a los declarados culpables por el caso ERE-Andalucía y antes a los promotores del “procés”, fue suficiente para demostrar que Sánchez sería capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder siguiera unos días más…
- las concesiones continuas a independentistas, realizadas incluso a sabiendas de que no podría cumplirlas y que, en cualquier caso, beneficiarían al PSC, el único grupo socialista que se mantiene mal que bien a flote en las regiones, que es a la postre quien gobierna en Cataluña.
A esto es a lo que hemos llamado “compra de tiempo”: a veces a ERC, otras a Junts, algunas a Podemos, otras a Sumar e, incluso al PP...
Ahora, acosado por una ristra de derrotas regionales previsibles
y encadenadas a lo largo de 2026, ya le queda muy poco margen de maniobra. La
buena noticia es que, la “etapa Sánchez” va a ser tan gravosa para el PSOE que es
previsible que tras concluir siga el camino de otros partidos socialistas de
Europa Occidental y se suma en la irrelevancia.
Pero, como decimos, quedaba la última “traca”, la regularización
de “500.000 inmigrantes ilegales”.
Se venía hablando de ello desde el principio mismo de la
legislatura. Inicialmente, Feijó aceptó “negociar” con Sánchez esa “regularización
masiva”. Sánchez, inicialmente, habló de 750.000 irregulares, Feijóo le
respondió que con 500.000 sería suficiente… Pero el problema es que, en ese
tiempo, ya no son 750.000 sino que están próximos al millón y, en un momento en
el que la inmigración se ha convertido en el principal problema de Europa
Occidental y en el centro del debate político que está desgastando a los
partidos tradicionales de centro-derecha y de centro-izquierda.
No es raro que Sánchez haya optado por la vía del decreto-ley, sin
pasar por el parlamento. El debate público le hubiera restado aún más
simpatías. Pero tenía prisa: el accidente de Adamuz había revelado que el
ministerio de comunicaciones había cometido tantos errores encadenados que era
imposible que, en esta ocasión, desviara la atención hacia otros responsables.
Las cifras cantan y está demasiado claro que tanto Abalos como
Pardo de Vega y, seguramente el propio Puente, han sido responsables últimos
del accidente, al haber actuado, no por acción, ni por omisión, sino por COMISIÓN
en el tema de la seguridad de los ferrocarriles. Corría prisa tapar cuanto
antes el bochorno y el dolor, las molestias causadas especialmente en Cataluña
por la red de cercanías. Se improvisaron nuevos “relatos”:
- Los medios oficialistas desviaron la mirada hacia los EEUU, Minnesota y la dureza del ICE en la captura y repatriación de ilegales a la vista de que el tema “Julio Iglesias – agresiones sexuales” no pudo mantenerse durante mucho tiempo;
- tampoco los desórdenes en el Irán de los Ayatolás, permitió desviar mucho tiempo la atención (a pesar del “hinchado” desmesurado e increíble del número de víctimas que se ha llegado a establecer en “54.000”),
- se evitó hablar mucho del bloqueo parlamentario en Europa del acuerdo con el Mercosur (una de las primeras victorias de la “ultraderecha” europea),
- con el “decreto-ómnibus” se intentaba forzar a que la derecha aprobara las subidas de pensiones con el trágala de eternizar la okupación; pero el resultado ha sido el contrario al esperado: se han multiplicado las ocasiones para que los partidos de derecha pudieran explicar por qué se han negado a seguir el juego del trilero de la Moncloa.
Así que solamente quedaba rescatar el viejo tema de la inmigración
ilegal y masiva que siempre podría tapar el escándalo del momento: la crisis
del ferrocarril y los 45 muertos de Adamuz.
Para ello, Sánchez contaba con un solo apoyo: el partido más
impresentable, desaprensivo y tontorrón que haya aparecido jamás en un país europeo,
Podemos, con sus “chicas loquitas” y sus “hombres deconstruidos”, con ese
sentimiento innato de que su obligación es ponerse siempre al lado de los
pobres, de los desheredados y… de los inmigrantes ilegales.
Claro está que, con el decreto de regularización de 500.000
inmigrantes, la candidatura aragonesa de “la niña de los paradores”, Pilar
Alegría, quedaba apuntillada (por si no tenía suficiente con las recientes
cesiones fiscales a la gencat). Pero ¡qué le
importa a Sánchez el futuro de una colaboradora no particularmente dotada, ni
inteligente, aunque si oportunista, fiel y sacrificada, siempre dispuesta a
inmolarse! ¡Que la importa Sánchez la sigla de su partido que él mismo se ha
encargado de liquidar pieza a pieza y, particularmente en Aragón!
El PSOE siempre ha tenido vocación de “regularizaciones masivas”.
Pero, en los veinte años que median entre la primera y esta han generado un
escenario completamente diferente. En 2005, ningún partido protestó, la
sociedad, en su inmensa mayoría, permaneció muda ante el destrozo, nadie lo
utilizó como bandera electoral. En 2026, incluso
la propia UE, está empezando a dar marcha atrás en la admisión de inmigrantes.
Se ha visto cuál es el fondo de la cuestión: los que llegan no se integran y
generan una situación que alimenta a los partidos populistas, identitarios y
euroescépticos. El “negocio de la inmigración” es, para los partidos de centro,
de centro-izquierda, y de izquierda, pan para hoy y hambre para mañana. De
seguir así, la inmigración en los próximos 4 años, habrá costado la
desaparición de la socialdemocracia europea y de buena parte del centro-derecha.
Pues bien, Sánchez, valorando pros y contras ha abierto el
camino por decreto a una nueva regularización masiva. En principio, abierta a “500.000
ilegales”, de los que dice -sin mucha convicción- que la mayoría son andinos y
rumanos. Lo dudamos: en principio, porque no son 500.000, sino más bien entre
750 y 800.000 y, en segundo lugar, porque, siempre que se produce un proceso de
este tipo, se genera un “efecto llamada” inmediato (incluso de inmigrantes que
ya están en Europa y que buscan el país en el que regularizar su situación
antes. Así pues, es posible, que desde el momento en el que se apruebe el
decreto, hasta que empiece la regularización, al terminar ésta, el número de inmigrantes
ilegales vuelva a estar situado en torno al 500.000 (como ya ocurrió durante la
regularización de 2005). Y lo que es peor: en pocos años, sean los que sean los
regularizados, multiplicarán su número por cuatro acogiéndose a la “reagrupación
familiar”.
Y esto llega en un momento en el que los servicios públicos
(educación, sanidad y transportes) están en crisis, cuando las promesas de
construir 850.000, 1.000.000 de “viviendas sociales” realizada por Sánchez en
campaña electoral, ni siquiera han arrancado, cuando la oposición social a las
okupaciones es cada vez más cerrada. No es difícil prever que los problemas generados
por esta regularización masiva van a agravar todos estos frentes, ya de por sí,
muy mermados y en crisis desde 2005.
Si el sanchismo se está retratando en toda su vileza, demagogia e
imprevisión, sus aliados ocasionales -en este caso Podemos- han demostrado a lo
que ha quedado reducido la extrema-izquierda. No vale la pena calificarlos: se
irán extinguiendo por sí mismos y los restos sustituidos cada vez más por burkas,
chilabas y manteros ascendidos a diputados. Las “loquitas” y los “deconstruidos”
que no esperen que moros, negros y andinos, les agradezcan sus desvelos.
En este momento, lo que preocupa a los socialistas, ya no es
perder las elecciones aragonesas, andaluzas, castellano-leonesas, sino ser
superados por Vox y quedar relegados a tercera fuerza en algunas de estas
comunidades. No se dan cuenta de que, para ellos,
el problema es mayor aún: la alteración radical del sustrato étnico del
pueblo español es algo que NO VAMOS A OLVIDAR JAMÁS. Deberán pagar y
pagarán por lo que están tratando de hacer.
Algún día les pediremos cuentas por el único delito que deberían
procesarlos, el más grave de todos ellos: la traición a nuestra identidad y
a nuestra historia.
ANEXO
El “humanismo” enfermizo de Bambi-ZP, situado
fuera de la realidad cotidiana de una España que crecía a golpes de ladrillo y
con la presencia de millones de turistas de medio y bajo poder adquisitivo,
debía de engendrar un monstruo: la “regularización masiva” que se prolongó
administrativamente entre febrero y mayo de 2005.
Es cierto que Zapatero cuando se encontró en la
Moncloa había heredado 800.000 inmigrantes ilegales llegados en los últimos dos
años del período Aznar, pero la solución no era una regularización masiva, sino
justamente lo contrario: una repatriación masiva que cortara el “efecto
llamada” cuando ya empezaban a presentirse negros nubarrones en el sector de la
construcción y resultaba evidente que la especulación inmobiliaria había
llegado demasiado lejos y la burbuja se aproximaba a su estallido. Un lugar de eso,
la regularización masiva, multiplicó el “efecto llamada”.
Aquella “regularización masiva” estuvo mal
planteada desde el principio y fue uno de los signos de que el nuevo gobierno
estaba formado por “amateurs” con poca capacidad de gestión y un exceso de
irresponsabilidad. No era sólo el presidente del gobierno el que estaba
anclado en las nubes del dogmatismo en materia de inmigración, sino que el
quehacer de su círculo más íntimo de colaboradores iba por los mismos
derroteros. Rafael Caldera, aconsejado por Consuelo Rumi, fueron los
responsables de la catástrofe en la que se convirtió aquel episodio.
En agosto de 2004, cien días después de que
Zapatero hubiera tomado posesión de su cargo, Consuelo Rumi anunció
sorpresivamente que se iba a producir una regularización masiva. Tras muchos titubeos y rectificaciones,
se anunció finalmente que el proceso tendría lugar entre febrero y mayo de
2005. El plazo entre el anuncio de la regularización y el inicio de la misma
había sido tan extenso que generó un amplio efecto llamada incluso de
inmigrantes ilegales radicados en Francia y Portugal que hizo que pasaron de la
condición de ilegales a la de legales fueran reemplazados por la misma cantidad
de nuevos ilegales generados durante el tiempo entre que se anunció el proceso
y concluyó.
Los requisitos iniciales que se pedía eran: haber
llegado a España antes de junio de 2004 y contar con un contrato de
trabajo firmado de seis meses como mínimo. Inicialmente lo que preveía era
castigar a los patronos que hubieran contratado a ilegales obligándoles al pago
de las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. Naturalmente, la patronal no
estaba dispuesta a pagar la factura, así que se negaron a aceptar estos
términos… con lo que la factura de cuotas atrasadas de la Seguridad
Social la pagaría todo el pueblo español. UGT y CCOO asintieron.
Fue así como el Gobierno y los "agentes sociales" alcanzaron el 10 de
noviembre un acuerdo en torno al reglamento de desarrollo de la Ley de
Extranjería que recogía una disposición transitoria para abrir un proceso de
legalización de inmigrantes en situación irregular que contasen con un contrato
de trabajo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estimó
tras la firma del acuerdo que el proceso podría realizarse durante los meses
de febrero, marzo y abril de 2005.
Lo que Caldera no estuvo en condiciones de decir
es cuántos inmigrantes resultarían legalizados en esta operación. De hecho, sus
“previsiones” oscilaron entre los 400.000 iniciales y los 800.000 previstos
poco antes de iniciarse la regularización. Sin embargo, solamente en 2003, la
UE estimó que habían entrado en España como mínimo 600.000, la mayoría
ilegales. A estos se unirá el número de ilegales que entraron en los tres años
anteriores de los cuáles solo un 30% habían resultado regularizados o entraron con
papeles en regla.
Inicialmente Caldera insistió en que la
regularización sólo afectaría a extranjeros que ya se encontrasen trabajando en
un intento de cortar las críticas susceptibles de argumentar que contra más
trabajadores se legalizaran los salarios tenderían más a bajar. El contrato de
trabajo que se requería como condición sine qua non para
regularizarse debía estar firmado por empleador y trabajador de una duración de
seis meses, aunque se recogía un tratamiento específico para trabajadores del
sector de agricultura, hostelería y construcción, así como para el servicio
doméstico.
Casi nadie estaba de acuerdo en que regularización
se realizara en los términos en los que se hizo: los empleadores (la mayoría autónomos o pequeñas
empresas) porque perdían la posibilidad de contratar a trabajadores ilegales y,
por tanto, el precio de la mano de obra se les encarecía, los inmigrantes
porque para acceder a una autorización de residencia y trabajo debían darse de
alta del contrato en la Seguridad Social, lo que otorgaría una autorización de
residencia durante un año a cambio de una merma en sus ingresos. Pero nadie
había preguntado a la sociedad y ni siquiera el PSOE lo había hecho a sus
electores a la vista de que en el programa electoral de 2004 no figuraba en
lugar alguno alusiones a una regularización de ilegales.
Dado que la patronal no había consentido pagar
cuotas atrasadas, el reglamento que reguló el proceso no exigía demostración
alguna de relación laboral previa entre empleador y empresario ni tampoco
obligaba a éste último de pagar las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. En
definitiva, y como norma general, terminó exigiéndose al extranjero en
situación de ilegalidad que estuviera empadronado en España seis meses antes de
la entrada en vigor del Reglamento y que presentase un contrato de trabajo,
firmado por empleador y empleado, para otros seis meses.
En la práctica, parece claro que un inmigrante,
por el mero hecho de haber llegado antes de junio de 2004 (¿cómo demostrar la
fecha de entrada cuándo muchos inmigrantes la ocultaban y declaraban haber
extraviado sus pasaportes, mientras que basaban sus pretensiones en documentos
privados fácilmente manipulables, incluso en tickets de supers?) y por el mero
hecho de poder presentar un contrato de seis meses (¿y cómo evitar que el
“empleador” argumente al día siguiente de la regularización del inmigrante que
se ha visto obligado a despedirlo?) ya está regularizado por siempre jamás…
Sólo al terminar el proceso se supo que el nivel
de fraude había sido muy alto, pero nadie se tomó la molestia de indagar el
porcentaje.
Luego, la banca y las cajas de ahorro hicieron lo
demás para situarse ante el abismo: a partir de esta regularización y
viendo que la concesión de hipotecas a ciudadanos españoles había tocado techo,
empezaron a percibir la inmigración como un nuevo “target” del mercado
inmobiliario. Las cajas de ahorro, especialmente la CAM y la Caixa Catalunya,
empezaron a ofrecer a inmigrantes recién regularizados hipotecas sobre el 120%
del valor de tasación de inmuebles de ínfima calidad, pagaderas a 30 años con
el único “aval” de contratos de 6 meses y permiso de trabajo. Los pisos
vendidos en aquella época, por lo demás, estaban sobretasados entre un 30 y un
40% del valor de su valor real. La catástrofe que seguiría en el momento en
el que estallara la burbuja inmobiliaria supuso una dramática vuelta al orden y
el fin de las Cajas de Ahorro que más clientela inmigrante habían captado.
El gobierno había demostrado debilidad a pesar de
que se obstinara en presentarla como muestra de su “talante” negociador y
dialogante. En lugar de
repatriar sin contemplaciones al millón largo de inmigrantes que había entrado
ilegalmente en España, empezando por los que hubieran cometido delitos en
territorio nacional, el gobierno socialista, dogmático y timorato como pocos,
lo que hizo fue ceder ¡porque el proyecto de sociedad multicultural y
mestiza de Zapatero precisaba inmigración masiva sin considerar si la podíamos
mantener, ni si tendrían acomodo en nuestro escuálido mercado de trabajo!
Esta tendencia a lo que entonces se llamó “la
renuncia preventiva” fue una característica del gobierno Zapatero desde sus
primeras semanas. La opinión
pública española quizás no lo advirtiera pero quienes sí lo habían advertido
fueron los dirigentes de las mafias paquistaníes de la inmigración.
En los días posteriores a los atentados del 11-M había
disminuido momentáneamente el flujo de inmigrantes; pero, poco después, la
inmigración y los traficantes de carne humana, advirtieron los resquicios que
dejaba abiertos la debilidad de ZP. Estas mafias -que en la región catalana
siguen en importancia y actividad a las marroquíes- reaccionaron inmediatamente
ocupando la Catedral de Barcelona en la peor infamia que recuerda la historia
del lugar desde la violación del recinto por las tropas napoleónicas en busca
de los patriotas barceloneses que no se resignaron a dejarse avasallar por “el
francés”. Casi doscientos años después, las tumbas de los menestrales
barceloneses sirvieron de urinarios, los bancos de la Cripta de Santa Eulalia y
de la nave central, fueron apilados y colocados como barricadas dentro del
Templo y, finalmente, la Sala Capitular en donde se encuentra el Santo Cristo
de Lepanto, ¡¡¡se utilizó como basurero!!!
El gobierno ZP y el “honorable” Maragall, en lugar
de reaccionar con expulsiones inmediatas y encarcelamiento de los allanadores
–porque, a la postre, era un allanamiento y algo más que un allanamiento si
tenemos en cuenta el carácter sagrado del lugar para unos y artístico para
todos– prometió que “revisaría la política de inmigración”. Esta fue la
señal que convenció a las mafias de la inmigración de la debilidad que estaba
injertada en el AND del presidente del gobierno, algo que ya habían intuido
durante la campaña electoral.
A partir de ese momento, el “efecto llamada” se
convirtió en una constante. Cuando tiene lugar la ocupación de la Catedral de
Barcelona, ya se estaba rondando la cifra de 4.000.000 de inmigrantes.
A estos 4.000.000 había que añadir los que se hicieron eco del
“efecto llamada” desencadenado a partir de las declaraciones de Consuelo Rumi
en agosto de 2004, cuando estableció las normas generales de lo que luego sería
la reforma de la Ley de Extranjería que abrió la vía para la regularización
masiva de febrero-mayo. Sobre este período no hay cifras oficiales. El
Ministerio del Interior, insistió a lo largo de todo el año 2005 que había
disminuido el flujo de inmigrantes ilegales. Pero, de hecho, son los únicos que
se atrevían a afirmarlo apoyados en trampas estadísticas y discriminación entre
legales e ilegales, comunitarios y no comunitarios. Sindicatos policiales,
gobiernos autonómicos y municipales, servicios sociales, servicios sanitarios,
sin excepción eran mucho más pesimistas: en 2005, 2006 y 2007 se ha disparado
la inmigración masiva. De hecho, la regularización masiva no fue
considerada ni por la inmigración, ni por las mafias, como una muestra de
“generosidad” (tal como Zapatero pretendía), sino de “debilidad”. Y al
débil se le obliga siempre a que realice más concesiones.
La regularización convirtió la marejada en un alud incontenible,
un “efecto llamada” redoblado, cuyas consecuencias duran todavía hoy.
Y no existen posibilidades de que ahora vaya a ocurrir algo
diferente…
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